Se refiere al cumplimiento de las normativas y leyes que garantizan el acceso a la información sobre cómo se llevan a cabo los gastos y la administración de los recursos públicos. Esto implica que la municipalidad debe proporcionar información clara y detallada sobre la ejecución del presupuesto, asegurando que esté disponible para el público en formatos accesibles y comprensibles.